Desde el Hotel Garden Hilton en San Juan, la tercera cumbre de hepatitis C impulsada por la organización Voces Puerto Rico reunió a líderes del sector salud, profesionales, pacientes y agencias gubernamentales con un mensaje claro: la eliminación de esta enfermedad viral es posible, pero requiere acción coordinada y sostenida.
Uno de los temas que marcó la jornada fue la necesidad de dar continuidad a las políticas de salud pública, especialmente en entornos de alta vulnerabilidad como el sistema correccional. Con una prevalencia de Hepatitis C que supera el 20% en las cárceles y muy por encima del 3-5% en la población general, el llamado fue claro: las estrategias implementadas no pueden depender de ciclos administrativos, sino consolidarse como una política de estado.
La discusión puso sobre la mesa la urgencia de continuidad en las políticas de salud pública, especialmente en entornos de alta vulnerabilidad como el sistema correccional.
En este sentido, Lilliam Rodríguez, fundadora y CEO de VOCESPR, explicó que este esfuerzo comenzó hace tres años cuando identificaron una ausencia crítica: “La voz del paciente no se escuchaba”. Aunque existen vacunas para la hepatitis A y B, la hepatitis C no tiene vacuna, pero sí tratamientos eficaces que, en tan solo 8 a 12 semanas, pueden curar completamente al paciente.
“Aquí hay una enfermedad con cura, con tratamiento, pero sin una estrategia clara estábamos perdiendo tiempo y vidas”, afirmó Rodríguez.
VOCESPR decidió entonces convocar a distintos sectores para establecer un plan de acción desde la experiencia del paciente, con enfoque en salud pública y justicia social. Hoy, ese esfuerzo ha madurado en una hoja de ruta nacional para lograr la eliminación de la hepatitis C en Puerto Rico para el año 2030.
Barreras que se tienen que superar
Aunque se ha logrado integrar a sectores como el Departamento de Corrección, AMSCA, ACES, proveedores médicos y farmacéuticos, todavía hay obstáculos que impiden el acceso rápido al tratamiento. Lilliam Rodríguez fue clara: “No podemos ponerle una camisa ‘one size fits all’ a todos los pacientes”.
El protocolo actual requiere múltiples pasos, desde pruebas iniciales hasta sonogramas, que no siempre son necesarios según los expertos. “Queremos proponer que ASES reevalúe ese protocolo para que no se detenga el acceso por procesos innecesarios”.
Además, señaló la necesidad de establecer métricas, aumentar las pruebas de detección y entender que el contagio no se limita a poblaciones marginadas. “La hepatitis C se le puede pegar a cualquiera”, advirtió, mencionando prácticas comunes como tatuajes o maquillaje permanente con herramientas no esterilizadas.
Educación como pilar de sostenibilidad
Uno de los retos más grandes es el desconocimiento. “Todavía creemos que la hepatitis C solo le da a los que se ponen amarillos”, explicó Rodríguez. Sin síntomas visibles, muchos pacientes descubren la enfermedad ya en etapas avanzadas, con complicaciones como cirrosis o necesidad de trasplantes.
“Tenemos una alternativa no solo efectiva, sino costo-efectiva, así que no hay excusa”, aseguró. Por eso, desde VOCESPR lanzaron la campaña Borremos la C, enfocada en la prevención, detección y educación continua, sobre todo entre generaciones que no se consideran en riesgo.
Hoy, la ley 67 en Puerto Rico exige que toda persona que solicite un certificado de salud debe realizarse la prueba de hepatitis C. Para Rodríguez, esto es un paso en la dirección correcta, pero “educación, educación, educación” sigue siendo la clave para sostener el avance.
La meta de eliminar la hepatitis C para 2030 está trazada. Ahora, el reto es cumplirla.
