Autora: Dra. Marilia Padua Quiles, Psicóloga Clínica, Maestría en Consejería en Rehabilitación.
Durante la víspera del Día de Reyes, Puerto Rico enfrentó un evento de violencia que provocó una profunda conmoción social. Este fatídico día se reportó el asesinato de un menor de 5 años a manos de su padre.
En una isla donde se han documentado más de 800 muertes violentas en años recientes (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, 2023), estos hechos no ocurren en el vacío. Sin embargo, como suele pasar en este y otros tipos de casos, el discurso público en redes sociales y en la prensa del país recurrió a explicaciones inmediatas, superficiales e individualistas que vincularon el asesinato de forma directa con un “problema de salud mental” e incluso con alegaciones de “posesión demoníaca”.
Este tipo de afirmaciones, aunque frecuentes en nuestro contexto, exigen ser miradas con cautela. Esto, no solo porque simplifica la conversación, sino porque también cierra prematuramente la puerta a conversaciones que son importantes sostener. Explicar algún acto violento exclusivamente desde un “problema de salud mental” no es una acción oportuna. Con mucha facilidad este tipo de explicación termina restringiendo el entendimiento colectivo de un fenómeno complejo y profundo.
Esta visión suprime el acto a una sola etiqueta, a un solo factor. Individualizar la violencia es una manera de señalar el problema sin mirar de frente factores estructurales y culturales que suelen anticiparse a los hechos.
Mirar la violencia desde el cristal de un “problema de salud mental”, es tomar un atajo que brinda un alivio y evita la incomodidad colectiva de reconocer que, cuando la violencia escala hasta consecuencias irreversibles, también hay responsabilidades colectivas y fallas sistémicas que no pueden ignorarse. Precisamente por la gravedad de lo irreversible, es necesario mover la discusión pública hacia lo que la evidencia ha establecido con mayor claridad sobre la relación entre la salud mental y la violencia.
La investigación ha aportado matices esenciales. Una revisión publicada en 2021 señala que, aunque algunos trastornos mentales pueden asociarse con un aumento del riesgo de conducta violenta, el impacto de la salud mental sobre este fenómeno es limitado y no explica la mayoría de estos actos (Whiting, 2021). De forma consistente y precisa, estudios epidemiológicos y análisis de riesgo han estimado que solo entre 3 % y 5 % de la violencia interpersonal puede atribuirse directamente a la presencia de una enfermedad mental (Fazel et al., 2015; McGinty et al., 2016).
Entendido desde una mirada amplia, estos datos confirman que la violencia ocurre, en su mayoría, fuera del ámbito de la psicopatología. Además, confirman algo que suele invisibilizarse; Entre el 95 % y el 97 % de las personas con condiciones de salud mental no presentan conductas violentas. Más aún, la literatura ha documentado que con frecuencia tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia, estigmatización y exclusión social que de cometer actos violentos.
Es importante destacar, que cuando se observa alguna relación entre trastornos mentales y violencia grave, suele estar impactada por factores adicionales tales como, consumo de sustancias, exposición previa a violencia, acceso a armas, aislamiento, y ausencia de redes de apoyo. Es decir, elementos que por definición apuntan a un fenómeno multifactorial.
Con frecuencia, el acto violento es el resultado de procesos acumulativos donde se entrelazan la desigualdad social, la normalización del control y la agresión, fallas en sistemas de protección y ausencia de intervenciones tempranas.
Reducir estos hechos a un “problema de salud mental” reduce la capacidad y la oportunidad de prevenir. Incluso, impone una carga simbólica injusta sobre millones de personas que, día a día, viven con un diagnóstico de salud mental y luchan por regularse, sostenerse y vivir con dignidad. Por eso es importante sostener con claridad que no todo acto violento es una crisis psiquiátrica, no todo crimen es una psicosis y no todo asesinato es enfermedad.
Mirar el asesinato de este niño, o cualquier otro asesinato, tomando en cuenta un solo un factor, es quedarse en la superficie del fenómeno. Ver este acto violento desde una perspectiva ecológica, nos permite entenderlo como el desenlace extremo de múltiples factores acumulados en distintos niveles.
En el plano individual, puede existir una historia marcada por dolor no resuelto, experiencias adversas tempranas, frustración crónica, dificultades para regular emociones intensas o consumo de sustancias. Aun así, nada de esto convierte automáticamente a alguien en una persona violenta, aunque indiscutiblemente puede aumentar la fragilidad cuando no existen recursos internos ni externos de contención.
Como se ha mencionado anteriormente un acto tan devastador no viene solo. Con frecuencia se acompaña de dinámicas relacionales de poder, control, dependencia y aislamiento que, en ocasiones, se normalizan dentro del espacio familiar hasta erosionar los límites del cuidado.
A esto se suman factores comunitarios y estructurales donde pueden mediar normas culturales que toleran el control y la agresión, políticas públicas insuficientes, acceso limitado a servicios de apoyo familiar y de salud. Cuando estos sistemas fallan, el resultado no es solo una tragedia, sino que también es la consolidación de una narrativa que convierte la violencia en algo “individual” y “aislado”, como si el entorno no hubiera tenido nada que ver.
Cuando el análisis se queda únicamente en el individuo, se pierde de vista todo lo demás; relaciones que fallaron, alertas que no se atendieron, redes que no existieron y sistemas que no protegieron. Al perder de vista eso, también se pierde la posibilidad de intervenir desde la educación y la prevención. Atribuir un acto de violencia como este exclusivamente a un “problema de salud mental”, no sólo es impreciso, sino que también tiene consecuencias.
Esta retórica desplaza la atención hacia intervenciones individuales, mientras deja en segundo plano estrategias comunitarias, educativas y estructurales que han demostrado tener mayor impacto en la reducción de la violencia. Casos como el ocurrido en Puerto Rico durante la víspera de Reyes exigen algo más que explicaciones rápidas.
Exigen análisis cautelosos, basados en evidencia, que reconozcan la complejidad de la violencia y sus múltiples determinantes. Hacerlo no es un lujo, es una condición necesaria para prevenir, proteger y responder de manera responsable como sociedad.
Referencias
Fazel, S., Smith, E. N., Chang, Z., & Geddes, J. R. (2015). Risk factors for interpersonal violence: An umbrella review of meta-analyses. PLoS Medicine, 12(7), e1001830. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001830
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. (2023). Informe de muertes violentas en Puerto
Rico. https://www.estadisticas.pr.gov
McGinty, E. E., Webster, D. W., Jarlenski, M., & Barry, C. L. (2016). News media framing of serious mental illness and gun violence in the United States, 1997 2012. American Journal of Public Health, 106(3), 406– 413. https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302846
Whiting, D. (2021). Violence and mental disorders: A structured review of associations
and evidence. The Lancet Psychiatry, 8(7), 663–672. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00062-1
