Autor: Humberto Lugo-Vicente, MD* cirujano pediátrico, catedrático y escritor
Puerto Rico atraviesa una crisis silenciosa pero cada vez más profunda: la disminución sostenida de su fuerza médica. Mientras la población envejece y las demandas del sistema de salud aumentan, el país continúa sosteniendo obstáculos innecesarios para el ejercicio profesional de la medicina. Uno de los más problemáticos —y recientemente evidenciado por un incidente administrativo— es la persistencia de la reválida médica local.
Este examen representa una duplicación de funciones que ya cumple el United States Medical Licensing Examination (USMLE), y hoy resulta obsoleto, costoso y contraproducente. En el resto de los Estados Unidos, el modelo es claro y uniforme: el USMLE es el único instrumento utilizado para evaluar la competencia médica. Ningún estado impone una prueba adicional. Una vez aprobado dicho examen, las jurisdicciones se limitan a procesos administrativos de licenciamiento que incluyen verificación de credenciales, historial disciplinario y cumplimiento legal. No existe una segunda evaluación clínica. Puerto Rico, sin embargo, mantiene un sistema paralelo que no tiene equivalencia en ningún otro estado.
Conviene aclarar un punto fundamental: el USMLE no concede licencias, pero sí certifica competencia profesional. La licencia siempre es otorgada por la jurisdicción correspondiente. En la isla, ese proceso administrativo se ha mezclado innecesariamente con una evaluación local que no añade valor clínico real. La reválida médica local no mejora la calidad del médico ni ofrece mayor protección al paciente. Simplemente replica un examen nacional, científicamente validado y reconocido internacionalmente.
Las justificaciones históricas para mantener este examen —como el idioma, las particularidades epidemiológicas o la autonomía profesional— han perdido vigencia. El USMLE puede tomarse en español, evalúa medicina basada en evidencia y es aprobado por miles de médicos que luego ejercen con excelencia tanto en Puerto Rico como en el resto de Estados Unidos.
Existe además un elemento poco discutido, pero fundamental: el económico. La reválida local genera ingresos recurrentes mediante exámenes, trámites y certificaciones. Sin embargo, esos fondos no se traducen en mejor acceso a servicios, mayor calidad asistencial ni en un aumento del número de médicos disponibles. En un sistema que pierde profesionales año tras año, sostener barreras redundantes equivale a empujar silenciosamente a más médicos fuera del país.
Eliminar la reválida local también permitiría integrar plenamente a egresados de universidades extranjeras —como las de República Dominicana, México, España y otros países— siempre que cumplan con los mismos requisitos exigidos en Estados Unidos: graduación de una escuela acreditada, elegibilidad para la certificación del ECFMG y aprobación del USMLE. Este enfoque no reduce estándares; por el contrario, los unifica y los fortalece.
Puerto Rico no necesita menos rigor, sino menos duplicación y mayor coherencia. Adoptar el USMLE como único examen médico, tal como ocurre en todos los estados, y mantener el licenciamiento como un proceso administrativo claro y transparente, fortalecería el sistema de salud, aumentaría la movilidad profesional y facilitaría el retorno de médicos formados fuera de la isla.
En un contexto de crisis sanitaria, aferrarse a estructuras que no aportan valor constituye una forma de negligencia institucional. Eliminar la reválida médica local no es un gesto político; es una decisión técnica, ética y urgente en favor de la salud del país.


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