La prevalencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) continúa aumentando a nivel mundial y Puerto Rico figura entre las jurisdicciones con crecimiento más acelerado en la niñez temprana, según los datos más recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Las cifras señalan que el autismo alcanza cerca del 5% de la niñez temprana en la isla, equivalente a uno de cada 21 niños de cuatro años y uno de cada 36 de ocho años, lo que confirma la magnitud del reto sanitario y social que enfrenta el sistema educativo y de salud.
En este contexto, la Alianza de Autismo de Puerto Rico presentó su campaña “Unidos por la Concienciación del Autismo 2026”, una iniciativa orientada a fortalecer la conciencia colectiva, el respeto y la inclusión, mientras advierte sobre vacíos persistentes en la respuesta institucional. Actualmente, el autismo se posiciona como el cuarto diagnóstico más frecuente dentro del Programa de Educación Especial, reflejo de un aumento sostenido en la identificación de casos.
“Hace 13 años, había unos 3,000 estudiantes registrados bajo la categoría de autismo; ahora hay más de 15,000, el 15% de la población de Educación Especial. Eso muestra el crecimiento exponencial del autismo, que cada día toca más familias puertorriqueñas”, advirtió Joyce Dávila, directora ejecutiva de la organización, al subrayar la presión creciente sobre los servicios educativos especializados.
Aunque la Ley 163-2024 fue diseñada para garantizar protección, continuidad de cubierta médica y desarrollo integral para esta población, la Alianza denuncia que, más de un año después de su aprobación, las agencias gubernamentales aún no han actualizado reglamentos para asegurar su cumplimiento. “Todas las semanas y meses surgen controversias nuevas que atender en defensa de nuestra población… y las agencias no han dado el primer paso para atender esta crisis de país”, sostuvo Dávila.
Entre las preocupaciones más recientes figura la propuesta de limitar los Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante (T-1), medida que —según la entidad— podría comprometer apoyos individualizados esenciales. “Limitar la cantidad de asistentes T1 es condenar a nuestros estudiantes con autismo al fracaso. Uno por salón no es suficiente”, enfatizó la portavoz, al explicar que en un mismo grupo pueden coincidir múltiples estudiantes con necesidades diversas.
La organización también alertó sobre cambios en la plataforma Mi Portal Especial (MiPE) que habrían eliminado opciones vinculadas a razones frecuentes de asistencia, como la ansiedad, lo que podría restringir aún más el acceso a servicios. En paralelo, la Alianza advierte que la demanda de orientación y defensa de derechos continúa en aumento mientras los fondos disponibles siguen siendo limitados. “Diariamente hacemos gestiones para defender y que se mantengan los derechos, pero sin fondos no se puede”, señaló Dávila.
Uno de los esfuerzos clave para cerrar brechas de inclusión laboral es el Proyecto METAA, enfocado en formación y empleo para adolescentes y adultos con autismo. En Puerto Rico, se estima que solo entre un 5% y un 10% de esta población cuenta con trabajo remunerado, una cifra que evidencia la exclusión estructural en la transición a la vida adulta. El programa ofrece talleres, adiestramientos y experiencias laborales con aliados del sector privado, aunque requiere una inversión anual superior a 150,000 dólares y recibe aportaciones significativamente menores.
Como parte de la campaña 2026, la Alianza busca impulsar la venta de 50,000 camisas conmemorativas y otros artículos cuyos recaudos financiarán servicios, orientaciones y programas para familias dentro del espectro. “Cada camisa vendida será en apoyo a la lucha por los servicios que ofrecemos… los recaudos nos permiten crecer y llegar a más familias”, explicó Dávila.
La agenda de actividades incluye un torneo de golf benéfico en febrero y la celebración del Día del Autismo en abril con un evento familiar abierto a la comunidad, espacios diseñados para fomentar visibilidad, aceptación social y participación colectiva. Tras 22 años de trabajo, la organización reiteró su llamado a empresas, instituciones y ciudadanía a sumarse a la causa. “Seguiremos luchando cada día más por los derechos de esta creciente población”, concluyó su directora ejecutiva.
