El acceso a servicios de salud no siempre depende únicamente de la disponibilidad médica. En muchos casos, las barreras administrativas, las denegaciones de cobertura y el desconocimiento de los derechos impiden que los pacientes reciban la atención que necesitan.
Ante este panorama, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico anunció el lanzamiento del Proyecto Derecho, Justicia y Salud, la primera clínica legal en la Isla enfocada en ofrecer asistencia y representación gratuita en casos relacionados con el acceso a servicios de salud.
La iniciativa, liderada por la Escuela de Derecho de la PUCPR en alianza con la Fundación Acceso a la Justicia y el National Health Law Program, reúne además a múltiples organizaciones del sector salud en un esfuerzo colaborativo sin precedentes.
El proyecto tiene como objetivo principal educar a la población sobre sus derechos, al tiempo que ofrece herramientas legales concretas para enfrentar barreras en el sistema de salud. “Brindar asistencia legal gratuita en asuntos de salud constituye una manifestación necesaria de nuestra misión de servicio a los más vulnerables”, afirmó el presidente de la PUCPR, José Antonio Frontera Agenjo.
Más allá de la atención médica: defender derechos
El Proyecto Derecho, Justicia y Salud ofrecerá servicios enfocados en:
- Representación legal ante denegaciones de servicios médicos
- Orientación sobre cobertura y beneficios del plan de salud
- Educación sobre derechos del paciente
- Apoyo frente a prácticas discriminatorias en el sistema
Esta propuesta cobra relevancia en un contexto donde, aunque cerca de 1.3 millones de personas están afiliadas al plan de salud del gobierno en Puerto Rico, solo una fracción recurre a mecanismos legales cuando se vulneran sus derechos.
Durante su etapa de diseño, el proyecto ya evidenció su alcance comunitario: se atendieron casos directos, se realizaron talleres educativos y se impactó a más de 1,000 personas a través de actividades comunitarias. “Existe una necesidad clara de acompañamiento legal para quienes enfrentan barreras en el acceso a servicios de salud”, explicó la directora del proyecto, Nylca J. Muñoz Sosa.
Una alianza para reducir inequidades en salud
El programa también marca un hito al convertirse en el primer Health Law Partnership en Puerto Rico, integrando el componente legal como parte del abordaje de determinantes sociales de la salud.
Además, cuenta con el respaldo de organizaciones como la Sociedad Americana contra el Cáncer, entre otras entidades comunitarias y de salud.
Los servicios están dirigidos a personas elegibles, especialmente beneficiarios del Plan Vital que hayan enfrentado la denegación de servicios médicamente necesarios. La clínica opera desde la Escuela de Derecho de la PUCPR y ofrece orientación a través de sus canales institucionales.
