La ubicación geográfica se ha convertido en un determinante crítico del acceso a servicios de salud materna en Puerto Rico, en un contexto marcado por el cierre sostenido de salas de parto y la reducción de ginecólogos obstetras disponibles para atender embarazos hasta el momento del parto.
A Marinelis Acevedo Cordero, de 27 años y residente en Moca, le preocupaba que algo no marchaba bien durante su embarazo. Sin embargo, encontrar atención obstétrica en la región oeste resultó ser un desafío. Tras múltiples intentos fallidos por conseguir un especialista que aceptara su plan médico, optó por cambiarse al Plan Vital, lo que finalmente le permitió recibir atención, aunque a costa de desplazamientos de hasta una hora por cita.
Su experiencia no es aislada. En la última década, Puerto Rico ha experimentado una reducción del 30 % en salas de parto, pasando de 36 en 2017 a una cifra considerablemente menor tras múltiples cierres. Esta contracción responde, entre otros factores, a la disminución de especialistas, bajos reembolsos de aseguradoras, litigios costosos en obstetricia y una reducción en la natalidad.
El impacto territorial de esta crisis es contundente: el 20 % de los municipios se consideran “desiertos de cuidado materno”, es decir, carecen de hospitales o proveedores que ofrezcan servicios obstétricos. Esta condición se asocia con mayores complicaciones, partos prematuros y un incremento en intervenciones como las cesáreas.
Aunque el Departamento de Salud reporta 468 ginecólogos obstetras con licencia vigente, investigaciones independientes identificaron que solo 63 atienden embarazos hasta el parto, distribuidos en apenas 24 municipios. Esto implica que siete de cada 10 municipios no cuentan con servicios obstétricos accesibles.
Las consecuencias en salud son cada vez más evidentes. Entre 2021 y 2022, se registró un aumento del 21.4 % en hipertensión durante el embarazo, junto con incrementos en trastornos cardíacos, tiroideos y de ansiedad. Además, en 2023 se reportaron más nacimientos con bajo peso y mayor mortalidad fetal, mientras que la depresión posparto aumentó de 10.8 % a 17.7 % en solo cuatro años.
Las mujeres residentes en islas municipio como Vieques y Culebra enfrentan barreras aún más severas. En muchos casos, deben trasladarse en ferry, incurrir en gastos adicionales y dedicar días completos para acceder a servicios prenatales, lo que profundiza las desigualdades en salud.
Esta limitación en el acceso también se ha vinculado con una de las tasas de cesáreas más altas del mundo. En Puerto Rico, más del 50 % de los partos se realizan mediante cesárea, superando ampliamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que sitúa este indicador entre 10 % y 15 %.
A nivel de mortalidad materna, los datos recientes reflejan una situación preocupante. En 2023 se reportaron ocho muertes relacionadas con el embarazo, mientras que cifras preliminares de 2024 apuntan a 22 casos. No obstante, expertos advierten que estos datos deben interpretarse con cautela debido a cambios recientes en los sistemas de vigilancia y recopilación.
Especialistas coinciden en que la crisis requiere intervenciones estructurales. Entre las propuestas destacan incentivos para retener profesionales de la salud, agilizar procesos de licenciamiento, mejorar la contratación con aseguradoras y fortalecer modelos como la telemedicina.
Más allá de las cifras, la problemática se traduce en experiencias concretas de las pacientes. “Me encantaría que hubiera ginecólogos más cerca y salas de parto abiertas en mi área”, expresó Acevedo Cordero, quien, a pesar de haber tenido un embarazo sin complicaciones, subrayó la carga física, económica y emocional que implica acceder a estos servicios.
En un sistema donde la mayoría de las muertes maternas son prevenibles, expertos advierten que el lugar de residencia no debería determinar la posibilidad de recibir atención adecuada ni el desenlace del embarazo.
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