Alerta en Puerto Rico por práctica ilegal de procedimientos estéticos

La práctica ilegal de procedimientos dermatológicos en Puerto Rico ha alcanzado niveles “alarmantes”, según denunció la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico durante una vista pública ante la Comisión de Salud del Senado. El gremio médico advierte sobre un preocupante aumento en las complicaciones cutáneas causadas por tratamientos administrados por personas sin preparación ni autorización para ejercer la medicina.

“Estos actos no solo constituyen una práctica ilegal, sino que también ponen en grave riesgo la salud de los ciudadanos”, alertó la doctora Marely Santiago Vázquez, expresidenta de la Sociedad, al señalar que se están utilizando productos no aprobados por la FDA, lo que ha generado un costo emocional y económico evitable para pacientes y familias.

Según detallaron los especialistas, personas que se hacen llamar “expertos en la piel” están realizando desde remoción de lesiones hasta cirugías menores sin estar autorizados por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Incluso barberos han comenzado a ofrecer servicios quirúrgicos, como la reparación de lóbulos o intervenciones en mucosas, sin condiciones adecuadas de esterilidad.

“La publicidad engañosa y la falta de control permiten que personas sin capacitación médica realicen procedimientos peligrosos como láser, ‘peelings’ químicos e inyecciones de rellenos no aprobados”, advirtió la Dra. Marely Santiago. También se han detectado productos prohibidos, como cremas aclaradoras con mercurio y sustancias cosméticas que no tienen aprobación local, como el “botulax” o supuestas terapias con células madre.

El dermatólogo Luis Ortiz Espinosa fue enfático. “Muchas veces, se anuncian tratamientos con células madre y lo que realmente están aplicando es un suero rico en plaquetas. Las verdaderas terapias con células madre son costosas y están autorizadas sólo para condiciones específicas, no para uso cosmético”.

Aunque la Ley 139-2008 establece sanciones para la práctica ilegal de la medicina y faculta a la Junta a investigar y multar, la Sociedad sostiene que la fiscalización ha sido insuficiente. Además, denuncian que las víctimas quedan desprotegidas y obligadas a acudir al Departamento de Justicia cuando ya se han producido daños.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Salud, senador Juan Oscar Morales, insistió en que el Departamento de Salud sí tiene jurisdicción y debe intervenir directamente en clínicas que operan sin autorización. “Del Senado debe salir un referido al Departamento de Justicia para que inicien una investigación formal”, afirmó.

Por su parte, la fiscal Rosa Molina Pérez recordó que existe un convenio entre Justicia y Salud para atender este tipo de casos, e instó a denunciar cualquier práctica sospechosa.

¿Has sido víctima de un procedimiento estético mal realizado?

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