El fin de semana de Acción de Gracias de 1966 será recordado como uno de los episodios más oscuros —literal y figuradamente— de la historia ambiental de Estados Unidos. Una densa y persistente nube de smog tóxico se instaló sobre Nueva York entre el 23 y el 26 de noviembre, sumiendo a la ciudad en una penumbra irrespirable y provocando una crisis de salud pública sin precedentes.
La causa: una masa de aire estancada que impidió la dispersión de contaminantes y favoreció la acumulación de monóxido de carbono, dióxido de azufre, humo y partículas finas.
Sin viento, sin lluvia y con temperaturas inusualmente altas, el aire adquirió un sabor metálico y millones de neoyorquinos sufrieron ardor en los ojos, tos intensa y dificultades respiratorias. Cerca de 800.000 personas experimentaron efectos adversos, desde irritaciones leves hasta cuadros graves.
Los hospitales comenzaron a colapsar. La ciudad recibió una avalancha de pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares preexistentes, mientras la visibilidad caía a niveles alarmantes.
Las autoridades emitieron la primera “alerta de contaminación del aire” en la historia de Nueva York, pidieron a las industrias reducir emisiones, ordenaron apagar incineradores y recomendaron limitar el uso de automóviles. Aun así, las medidas resultaron insuficientes: el smog solo cedió cuando un frente frío dispersó los contaminantes el 26 de noviembre.
Aunque en un principio se negó que el episodio hubiera provocado muertes, estudios posteriores demostraron lo contrario. Un análisis estadístico de 1967 atribuyó 168 fallecimientos en exceso al evento, y otras estimaciones elevaron la cifra a más de 400.
La tragedia no solo afectó a Nueva York: también golpeó a estados vecinos como Nueva Jersey y Connecticut, evidenciando la vulnerabilidad de niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.
Este desastre se produjo en un contexto marcado por el deterioro progresivo de la calidad del aire en la ciudad durante las décadas de 1950 y 1960. Informes municipales ya señalaban que cada habitante inhalaba en promedio 330 kilos de suciedad al año. Episodios previos, como el de 1953, habían dejado más de 170 muertos, pero el smog de 1966 se convirtió en el punto de quiebre.
La coincidencia del desastre con recientes cambios legislativos aceleró la respuesta gubernamental. Ese mismo año, Nueva York había aprobado la Ley Local N.º 14, que endurecía los controles sobre la quema de residuos y combustibles. Tras el evento, el Departamento de Control de la Contaminación del Aire reforzó su plantilla de inspectores, actualizó sus sistemas de monitoreo y endureció las sanciones a los infractores.
La crisis también sacudió a la política federal. El presidente Lyndon B. Johnson citó directamente el episodio al promover la Ley de Calidad del Aire de 1967, describiendo cómo “una masa de aire fuertemente contaminado —llena de venenos de incineradores, hornos industriales, plantas de energía y motores— se asentó sobre los dieciséis millones de personas del Gran Nueva York”. Cuatro años después, la indignación pública y la evidencia científica impulsaron la histórica Ley de Aire Limpio de 1970, un marco regulatorio que transformó la gestión de emisiones en todo el país.
El smog de 1966 dejó una lección perdurable: el progreso urbano y la actividad industrial tienen un costo que ya no podía ignorarse. Aquella nube tóxica no solo oscureció la ciudad durante cuatro días; también iluminó la urgente necesidad de proteger el aire y la salud de millones. Fue el momento en que Nueva York entendió —y enseñó al mundo— que respirar no debería ser un acto de riesgo.
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