Por: Nardelis Soto Sánchez, PhD
En marzo conmemoramos el mes de la mujer, destacando especialmente a la mujer trabajadora. El Día Internacional de la Mujer comenzó a conmemorarse por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975 y tiene sus raíces en la lucha histórica por los derechos laborales y sociales de las mujeres.
Entre las luchas se encontraban la igualdad de derechos para las mujeres, incluyendo el derecho al voto, a ocupar cargos públicos, y muy especialmente, a trabajar con igualdad de condiciones (ONU, 2025). Aunque esta fecha se celebra de diferentes maneras en todo el mundo, el 8 de marzo sigue siendo un recordatorio de los avances y los retos aún presentes en la lucha por los derechos de las mujeres, particularmente en el ámbito laboral.
Fueron muchos los años de luchas para que las mujeres pudiera trabajar por lo que es importante reconocer la necesidad urgente de proveer espacios de trabajo libres de violencia contra la mujer, particularmente la Violencia de Pareja Íntima (VPI).
En Puerto Rico, según la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), en el 2024 se registraron 24 feminicidios, es decir, mujeres asesinadas por sus parejas íntimas. Este es un número alarmante, ya que significa que cada dos semanas una mujer perdió la vida a manos de su pareja. A este hecho se suma la realidad de que, según la ONU, se estima que 736 millones de mujeres (casi una de cada tres) experimentará algún tipo de violencia de pareja a lo largo de su vida.
Por otro lado, según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (2022), Puerto Rico contó con 537,000 mujeres trabajadoras para el 2022. Si tomamos en cuenta que una de cada tres de estas mujeres puede ser víctima de violencia de pareja, la relación entre la violencia de pareja y la situación laboral se vuelve urgente.
Las mujeres que experimentan VPI pueden enfrentar barreras para mantener su bienestar físico y emocional en sus lugares de trabajo, lo que impacta negativamente su productividad, su salud mental y, en muchos casos, su capacidad para continuar en el empleo (Organización Mundial de la Salud, 2021).
Es fundamental que los lugares de trabajo se conviertan en espacios seguros que protejan a las trabajadoras de este tipo de violencia. En Puerto Rico existen recursos de ley, destacándose la Ley 217 que requiere que todo patrono tenga un protocolo para manejar las situaciones de violencia doméstica en el trabajo y la Ley 83 que le otorga a las víctimas una licencia especial brindándole tiempo para atender gestiones relacionadas, proveerles acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo.
Sin embargo, tener leyes implementadas no es suficiente. El Modelo Ecológico Organizacional de Factores Relacionados con la Violencia de Pareja Íntima (Soto, 2019) describe los diferentes niveles en los que las organizaciones pueden implementar estrategias de prevención de VPI: nivel individual, unidad de trabajo, comunidad de trabajo, social e histórico.
Este modelo subraya la importancia de una intervención integral. Para lograr un entorno laboral libre de violencia contra la mujer, es necesario implementar políticas claras y sostenibles que actúen en todos estos niveles. Entre las recomendaciones más relevantes se destacan:
1. Adoptar una postura institucional clara a favor de la prevención de la VPI: Las organizaciones deben comprometerse con el bienestar de sus empleadas, garantizando que todas las políticas laborales favorezcan un entorno de respeto y seguridad para las mujeres.
2. Desarrollar programas de capacitación: Es crucial que las empresas diseñen programas formativos que no sólo aborden el conocimiento legal sobre la VPI, sino que también capaciten en habilidades de intervención, apoyo y manejo efectivo de la violencia en el entorno laboral.
3. Brindar servicios de apoyo a las trabajadoras: Las organizaciones deben ofrecer apoyo específico para las mujeres que puedan estar atravesando situaciones de VPI. Los Programas de Ayuda al Empleada (PAE) son una excelente herramienta, pero también es importante promover espacios de asesoría y acompañamiento emocional.
4. Fortalecer la cooperación interinstitucional: Es necesario que las organizaciones trabajen en conjunto con el gobierno y las comunidades locales para crear una red de apoyo a las mujeres trabajadoras que experimentan violencia. Esta colaboración puede garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación de riesgo.
5. Compromiso con una compensación justa: La violencia de pareja no solo afecta a las mujeres emocionalmente, sino que también puede tener consecuencias económicas. La inseguridad económica puede ser un factor que mantenga a las mujeres atrapadas en relaciones violentas. Por lo tanto, las políticas laborales deben incluir una compensación justa, que garantice la estabilidad económica de las trabajadoras y les permita tomar decisiones sin el temor a quedar en una situación de vulnerabilidad.
La violencia de pareja íntima es un problema que afecta a toda la sociedad y que, sin lugar a dudas, se extiende al ámbito laboral. Es responsabilidad de todos y todas crear un entorno de trabajo libre de violencia, donde las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente sin miedo y en condiciones de igualdad.
Desde el lugar de trabajo tenemos una gran oportunidad para contribuir al bienestar de todas las trabajadoras y, de esta manera, avanzar hacia una sociedad más equitativa y segura.
