Puerto Rico dio un paso decisivo en la transformación de su sistema de salud con la aprobación del Proyecto del Senado 687 y el Proyecto del Senado 757, dos medidas que impactan directamente la calidad del cuidado hospitalario y el acceso a servicios clínicos.
El Proyecto del Senado 687 establece como política pública garantizar estándares mínimos en la dotación de personal de enfermería, atendiendo una problemática estructural ampliamente documentada: la sobrecarga del personal de enfermería y su impacto en la seguridad del paciente.
Entre sus disposiciones más relevantes, la ley:
- Establece límites en la cantidad de pacientes por enfermero según el nivel de cuidado y la unidad clínica
- Obliga a los hospitales a implementar un sistema de clasificación de pacientes, revisado al menos cada cinco años
- Permite excepciones únicamente en situaciones extraordinarias, como emergencias de salud pública o eventos catastróficos, con aval del Departamento de Salud
- Autoriza multas administrativas de hasta $10,000 por incumplimiento
- Reconoce responsabilidad civil en casos de represalias contra el personal de enfermería
Esta legislación responde a señalamientos previos sobre la insuficiencia de personal, y se posiciona como una medida para fortalecer la seguridad clínica y mejorar la calidad de los servicios hospitalarios.
Por su parte, el Proyecto del Senado 757 introduce un cambio significativo en el modelo de atención al reconocer a los Nurse Practitioners como prescribientes autorizados en Puerto Rico, mediante enmiendas a la Ley de Farmacia y otras normativas relacionadas.
La ley establece que estos profesionales podrán recetar medicamentos bajo acuerdos colaborativos con médicos, incorporando salvaguardas para garantizar la seguridad del paciente y la coordinación del cuidado.
Entre los puntos clave:
- Define requisitos y contenido mínimo de los acuerdos colaborativos, que deberán ser aprobados por la Junta Examinadora de Enfermería
- Limita a tres Nurse Practitioners por médico
- Exige póliza de responsabilidad profesional
- Integra a estos profesionales dentro de la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente
- Otorga un término de 120 días para la implementación reglamentaria
La medida busca reducir barreras administrativas, optimizar el uso del recurso humano cualificado y mejorar la continuidad del cuidado clínico, especialmente en un contexto de alta demanda de servicios de salud.
En conjunto, ambas leyes reflejan un enfoque estratégico hacia un sistema más eficiente, donde se protege al paciente, se respalda al personal de salud y se moderniza la prestación de servicios en Puerto Rico.
