Autor: Dr. Carlos Díaz, Cardiólogo
Puerto Rico no puede combatir la escasez de médicos debilitando económicamente a quienes mantienen abiertas sus oficinas. Condicionar una parte sustancial del pago del Plan Vital amenaza la estabilidad de la medicina primaria y, con ella, el acceso de los pacientes a servicios esenciales.
La normativa de ASES mantiene nominalmente los $18 por paciente al mes, pero coloca $5.40 sujetos al desempeño: el 30 % del pago. Si corresponde la retención máxima, el ingreso efectivo podría bajar a $12.60. ASES establece las métricas y las aseguradoras las aplican. La transición y los ajustes prospectivos evitan una reducción inmediata generalizada, pero no eliminan la incertidumbre financiera.
Llamarlo “calidad” no borra sus consecuencias. Una oficina con mil pacientes asignados tendría hasta $5,400 mensuales en riesgo: $64,800 anuales si la reducción máxima persistiera doce meses. Es un escenario ilustrativo, pero revela la magnitud del golpe. Puede representar empleos, alquiler, equipos o la diferencia entre continuar atendiendo y cerrar.
La capitación no equivale al sueldo personal del médico. Financia una práctica: personal, expedientes electrónicos, limpieza, materiales, seguros y disponibilidad clínica. De ahí también sale la compensación profesional. Reducir ese ingreso debilita la estructura que sostiene la atención.
La luz, el agua, el alquiler y los servicios no disminuyen porque una aseguradora determine que faltó documentación. Los empleados tampoco pueden esperar al próximo trimestre para cobrar. Con costos crecientes, trasladar incertidumbre al consultorio puede obligar a reducir personal, limitar horarios o dejar de aceptar pacientes del Plan Vital.
La calidad debe exigirse. Documentar encuentros, evaluar pacientes y reconciliar medicamentos son responsabilidades legítimas. Pero condicionar parte del pago existente exige una medición justa, sistemas confiables y protección frente a errores de transmisión o fallas atribuibles a terceros. La atención prestada no puede perder su valor económico porque un dato no llegó correctamente.
Cada hora dedicada a corregir archivos, disputar resultados o apelar consume recursos que la oficina necesita para atender. ASES debe reconocer ese costo. Una obligación administrativa no resulta gratuita simplemente porque se describa como parte de la práctica habitual.
Las consecuencias podrían extenderse a todo el sistema. Un médico próximo al retiro puede adelantar su salida; uno joven puede establecerse fuera de Puerto Rico; otro puede abandonar Vital. Los pacientes enfrentarían menos opciones, mayores desplazamientos y pérdida de continuidad. Retrasar el seguimiento de enfermedades crónicas puede contribuir a complicaciones y aumentar la presión sobre emergencias y hospitales.
Existe otro riesgo que exige fiscalización: cuando una aseguradora posee o está vinculada a centros de atención, administra el financiamiento y compite por prestar servicios. Si se debilitan las prácticas independientes, sus pacientes podrían terminar en esas redes. Ese potencial conflicto de intereses requiere transparencia y vigilancia pública.
Las aseguradoras deben responder por sus propias fallas. ¿Dónde están las consecuencias por autorizaciones tardías, pagos incorrectos y obstáculos al tratamiento? La responsabilidad por la calidad debe alcanzar también a quienes administran los fondos y controlan procesos que condicionan el acceso.
ASES y el Departamento de Salud deben proteger un pago básico suficiente y estable. Los incentivos deben ser adicionales, con participación médica, auditoría independiente y apelaciones efectivas. También deben publicar el destino de los fondos retenidos y evaluar el impacto sobre acceso y retención profesional.
Antes de aplicar recortes, deben demostrar que la medida mejora resultados clínicos sin provocar cierres de oficinas ni agravar la escasez de médicos en Puerto Rico.
Asfixiar la medicina primaria puede producir ahorro contable y desastre sanitario. Cuando cierra una oficina, el paciente pierde una puerta de entrada al sistema. Puerto Rico necesita mantener esas puertas abiertas. El dinero público debe sostener la atención, y sus administradores deben responder por decisiones que la debiliten.
