A pesar de ser prevenibles y, en muchos casos, tratables, las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) continúan afectando a más de 200 millones de personas en la Región de las Américas. Se trata de un grupo diverso de infecciones como la enfermedad de chagas, la lepra, la leishmaniasis, el tracoma o la esquistosomiasis que persisten principalmente en contextos de pobreza, con acceso limitado a servicios de salud, agua potable y saneamiento.
Más allá de su impacto sanitario, las ETD imponen una carga social y económica considerable. Muchas de ellas cursan de forma crónica, generan discapacidad a largo plazo y están asociadas a estigmatización y exclusión social. “No siempre producen muertes inmediatas, pero sí consecuencias de por vida si no se diagnostican y tratan a tiempo”, explica Ana Lucianez Pérez, asesora en Enfermedades Infecciosas Desatendidas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Uno de los factores que explica por qué estas enfermedades siguen siendo “desatendidas” es su baja visibilidad. Al afectar de manera desproporcionada a comunidades rurales, indígenas y poblaciones marginadas, los casos pueden quedar diluidos en las estadísticas nacionales, ocultando la magnitud real del problema. Esto dificulta la asignación de recursos, la priorización política y el diseño de intervenciones sostenidas.
En este contexto, la vigilancia epidemiológica y la calidad de los datos se vuelven centrales. Sin información confiable, resulta difícil identificar dónde persiste la transmisión, evaluar la efectividad de las intervenciones o demostrar avances hacia la eliminación. “Cuando los datos son incompletos o fragmentados, la verdadera carga de la enfermedad permanece oculta, y eso retrasa los progresos”, señala Lucianez Pérez.
Los desafíos para recopilar datos de calidad son múltiples. Muchas ETD se concentran en zonas remotas con escasa infraestructura sanitaria, limitaciones diagnósticas y falta de personal capacitado. Estas barreras favorecen el subregistro y perpetúan un círculo en el que la falta de datos refuerza la falta de atención.
Aun así, existen avances concretos. En las últimas décadas, el fortalecimiento de la vigilancia y el mapeo epidemiológico ha sido clave para lograr hitos de eliminación en la Región. La filariasis linfática, por ejemplo, ha sido eliminada como problema de salud pública en varios países gracias a sistemas de vigilancia robustos que permitieron documentar la interrupción de la transmisión y orientar la administración masiva de medicamentos.
El mapeo geográfico de las ETD ha permitido además focalizar las intervenciones donde más se necesitan. Experiencias como la eliminación del tracoma en México en 2017 muestran cómo la combinación de datos, tratamiento, participación comunitaria y acciones intersectoriales, incluyendo agua, saneamiento e higiene, puede generar resultados sostenibles. En Guatemala, estrategias similares están encaminando al país hacia la eliminación en los próximos años.
En el caso de la lepra, la situación es heterogénea. Mientras países como Chile, Uruguay, gran parte de Centroamérica y algunas zonas del Caribe reportan pocos o ningún caso nuevo, Brasil concentra más del 90 % de los casos de la Región. Esto pone de relieve la necesidad de mantener esfuerzos diferenciados, mejorar el diagnóstico temprano, fortalecer la vigilancia y abordar de forma explícita el estigma asociado a la enfermedad.
Desde la OPS, iniciativas como la Iniciativa de Eliminación de Enfermedades buscan acelerar estos avances mediante un enfoque integrado, con el objetivo de eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para 2030, incluidas varias ETD. El énfasis está puesto en alinear planes nacionales, priorizar recursos y cerrar brechas de inequidad.
Para los expertos, el mensaje es claro: las enfermedades tropicales desatendidas no son un problema del pasado ni una cuestión marginal. Representan a personas y comunidades que siguen quedando fuera de los sistemas de salud. Hacerlas visibles, a través de mejores datos, vigilancia y políticas sostenidas, es una condición indispensable para avanzar hacia su eliminación y garantizar una respuesta más equitativa en salud pública.
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