En un giro significativo en la lucha entre las compañías farmacéuticas y el programa federal 340B, tres de los mayores actores de la industria han presentado una demanda conjunta contra el gobierno de Estados Unidos.
Amgen, Eli Lilly and Company y UCB alegan que varias clínicas de enfermedades de transmisión sexual en Nevada han sido calificadas ilegalmente para recibir descuentos en medicamentos a través del programa, lo que les ha permitido acceder a millones de dólares en ahorros que, según afirman, no les corresponden.
El programa 340B, creado en 1992 para apoyar a los hospitales de la red de seguridad social, permite a estas instituciones obtener descuentos de entre el 20% y el 50% en medicamentos para pacientes ambulatorios. Sin embargo, las farmacéuticas argumentan que el sistema está siendo abusado por grandes redes hospitalarias que maximizan sus beneficios a expensas de los contribuyentes y los pacientes.
Desde noviembre de 2024, varias compañías farmacéuticas, entre ellas Johnson & Johnson y Sanofi, han presentado demandas similares, buscando reformar el programa 340B tras el rechazo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a sus propuestas de ajuste en los descuentos. Estas acciones legales han puesto de manifiesto la creciente tensión entre la industria farmacéutica y los proveedores de atención médica, quienes, según las farmacéuticas, están explotando el programa para generar ingresos en lugar de utilizar los fondos para beneficiar a los pacientes necesitados.
El programa ha visto un crecimiento exponencial en su inscripción, pasando de 8,100 entidades en 2000 a más de 50,000 en 2020. Actualmente, más de la mitad de los hospitales sin fines de lucro del país participan en el programa, lo que ha llevado a un aumento del 129.4% en las ventas de medicamentos 340B entre 2018 y 2022.
No obstante, este crecimiento ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y el uso de los descuentos. Los hospitales, en muchos casos, están reclamando los descuentos de 340B a pacientes que también reciben beneficios de Medicaid, lo que ha llevado a un debate sobre la ética y la legalidad de estas prácticas.
Expertos como el Dr. Aaron Kesselheim, del Brigham and Women’s Hospital de Boston, han señalado que aunque el programa se diseñó para ayudar a los pacientes más vulnerables, su expansión ha permitido que hospitales más ricos se beneficien de manera desproporcionada.
Las críticas también apuntan a que muchos hospitales participantes no están utilizando los ahorros obtenidos para mejorar la atención a los pacientes. Un estudio reciente reveló que los costos de atención oncológica en hospitales 340B eran significativamente más altos que en aquellos que no participan en el programa. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia del programa en la atención a los pacientes necesitados.
A medida que la presión sobre el programa 340B aumenta, algunos estados, como Nueva York y Minnesota, han comenzado a implementar reformas para aumentar la transparencia y regular la forma en que se distribuyen los descuentos. Sin embargo, las farmacéuticas continúan presionando por cambios más significativos que limiten la calificación de las entidades en el programa.
Con la creciente demanda de reformas y la oposición de la industria farmacéutica, el futuro del programa 340B pende de un hilo. La lucha por equilibrar el acceso a medicamentos asequibles para los pacientes necesitados y la rentabilidad de las compañías farmacéuticas es más relevante que nunca en el panorama de la atención médica estadounidense.
