La discusión sobre la regulación de la medicina estética en Puerto Rico suma nuevas voces desde el sector médico, luego de que integrantes de la Puerto Rico Academy of Aesthetic Practitioners solicitaran al Senado revisar el Proyecto 971, al advertir posibles implicaciones en el acceso a servicios y en el ejercicio profesional.
“Apoyamos la regulación de la medicina estética, pero debe basarse en criterios uniformes de certificación, educación continua y experiencia clínica”, afirmó el Dr. José Ángel Marrero, presidente de la organización. El especialista enfatizó que, de aprobarse el proyecto sin enmiendas, “Puerto Rico se quedaría relegado en una práctica médica reconocida globalmente”, lo que podría impactar la permanencia de profesionales en este campo.
Uno de los principales señalamientos gira en torno al lenguaje del proyecto. Según explicó el licenciado Johnny Ocasio, asesor legal de la academia, el uso del término “médico autorizado” podría generar inconsistencias legales. “Lo correcto debe ser ‘médico licenciado’, para evitar conflictos con otras leyes y prevenir interpretaciones que deriven en un sistema de sublicenciamiento”, detalló. Además, advirtió que “la ley debe armonizarse con el marco legal existente para evitar efectos adversos en la profesión y en el sistema de salud”.
Desde la perspectiva clínica, los especialistas subrayaron que la medicina estética no pertenece a una sola especialidad. “La medicina moderna se basa en competencias y formación, no en limitar por especialidad sin considerar la preparación real”, sostuvo el Dr. Marrero, al tiempo que rechazó la percepción de que estos procedimientos se reducen a entrenamientos básicos.
Durante la sesión de preguntas, la academia enfatizó el alcance transversal de esta práctica. “La medicina estética se ejerce desde múltiples especialidades médicas, incluyendo ginecología, neurología y radiología”, explicó el Dr. Marrero. En ese sentido, advirtió que “limitar su práctica podría impactar directamente el acceso de los pacientes a estos servicios”.
Asimismo, destacaron que más de 200 médicos ejercen actualmente en este campo en Puerto Rico, por lo que cualquier restricción podría tener consecuencias directas en la disponibilidad de atención. “En un país donde conseguir médicos ya es un reto, no se deben imponer barreras adicionales que limiten la práctica médica”, puntualizó.
En cuanto al proceso legislativo, la organización confirmó que ya ha presentado un memorial explicativo ante la Comisión de Salud del Senado y que mantiene apertura al diálogo. “Con enmiendas puntuales, podemos respaldar completamente la medida y garantizar que todos los médicos licenciados continúen ejerciendo sin limitaciones indebidas”, concluyó el Dr. Marrero.
La academia reiteró su disposición a continuar las conversaciones con las autoridades legislativas y el Departamento de Salud, con el objetivo de lograr una regulación que proteja al paciente sin afectar el ejercicio profesional ni el acceso a servicios médicos en la isla.
