El próximo 3 de noviembre, los votantes de Idaho, Misuri, Nevada y Virginia decidirán en las urnas el futuro de las políticas relacionadas con el aborto, en una jornada electoral que podría redefinir el panorama de los derechos reproductivos en Estados Unidos.
Las consultas populares reflejan los distintos enfoques adoptados por los estados desde que la Corte Suprema revocó en 2022 el precedente de Roe v. Wade, permitiendo que cada estado establezca su propia legislación sobre el aborto.
Idaho busca revertir una de las prohibiciones más estrictas del país
En Idaho, una iniciativa ciudadana logró reunir las firmas necesarias para ser incluida en la papeleta electoral. La propuesta pretende crear una ley que permita el aborto hasta la viabilidad fetal, generalmente estimada después de las 21 semanas de gestación, aunque no existe un límite médico exacto.
Actualmente, Idaho mantiene una de las legislaciones más restrictivas de Estados Unidos, permitiendo el aborto únicamente cuando la vida de la mujer está en riesgo o en casos de violación o incesto.
Además, el estado fue el primero en tipificar como delito ayudar a una menor de edad a obtener un aborto sin el consentimiento de sus padres, una norma que continúa vigente en gran parte pese a desafíos judiciales.
David Ripley, director ejecutivo de la organización Idaho Chooses Life, aseguró que la iniciativa tendría un impacto significativo sobre la legislación estatal. «Esto tendrá un profundo impacto en Idaho y prácticamente invalidará todas las leyes provida que la legislatura ha promulgado durante los últimos 30 o 40 años», afirmó.
Misuri podría restablecer la prohibición del aborto
En Misuri, los ciudadanos decidirán si revocan la enmienda constitucional aprobada en 2024 que eliminó la prohibición del aborto, convirtiendo nuevamente al estado en uno de los más restrictivos del país. La nueva propuesta contempla excepciones en casos de emergencias médicas, anomalías fetales, violación e incesto, además de incluir una disposición para prohibir determinados tratamientos de afirmación de género en menores de edad.
Misuri fue el primer estado en aplicar una prohibición total del aborto tras la caída de Roe v. Wade y posteriormente el primero en revertirla mediante una consulta popular.
A diferencia de Idaho y Misuri, Nevada y Virginia ya permiten el aborto hasta, al menos, las 24 semanas de embarazo. En ambos estados, las propuestas buscan incorporar el derecho al aborto en sus respectivas constituciones estatales para ofrecer una mayor protección jurídica. En Nevada, la medida ya fue aprobada por los votantes en 2024; sin embargo, la constitución estatal exige que las enmiendas sean respaldadas en dos elecciones antes de entrar en vigor.
Analistas consideran que estas iniciativas podrían incrementar la participación electoral en estados donde tanto demócratas como republicanos han obtenido victorias recientes.
Las consultas también servirán para medir la capacidad de movilización de las organizaciones que defienden el acceso al aborto. Algunos grupos consideran que las propuestas estatales deberían ofrecer mayores garantías que las contempladas anteriormente bajo Roe v. Wade, mientras que otros han optado por no respaldar iniciativas que mantienen ciertos límites gestacionales.
Desde la anulación del histórico precedente judicial, las organizaciones defensoras del aborto han obtenido 14 victorias en referendos estatales sobre derechos reproductivos y han registrado cuatro derrotas, reflejando un panorama político dividido.
Melanie Folwell, directora ejecutiva de Idahoans United for Women and Families, instó a las organizaciones nacionales a involucrarse más en las consultas estatales. «Los invitaría a salir de sus burbujas de activismo y comenzar realmente a involucrarse con el público para comprender dónde están las personas», señaló.
Las votaciones de noviembre serán observadas de cerca porque podrían anticipar la dirección que tomarán futuras políticas estatales sobre salud reproductiva. Mientras algunos estados buscan ampliar el acceso al aborto, otros intentan reinstaurar restricciones, consolidando un escenario en el que el debate continúa trasladándose de los tribunales a las urnas.
