El financiamiento federal de Medicaid en Puerto Rico podría enfrentar una reducción cercana al 90 % a partir del año fiscal federal 2028 si el Congreso de Estados Unidos no adopta nueva legislación. La asignación actual ronda los $4,000 millones y forma parte de un acuerdo de cinco años que vence el 30 de septiembre de 2027, mientras que el porcentaje federal de asistencia médica (FMAP) podría disminuir del 76 % al 55 %.
Medicaid financia en Puerto Rico el Plan Vital, que ofrece cobertura médica a cerca del 40 % de la población y tiene un impacto directo sobre la disponibilidad de servicios de salud y las finanzas públicas. A diferencia de los estados, donde la contribución federal se determina mediante un porcentaje de pareo asociado al ingreso per cápita y no existe un tope anual equivalente, en Puerto Rico el Congreso establece de antemano un límite a la cantidad de fondos federales disponibles.
El informe “El costo de la incertidumbre: Medicaid en Puerto Rico y las brechas en financiamiento federal”, elaborado por Espacios Abiertos, evaluó mediante un análisis de sensibilidad el posible impacto de diferentes niveles de financiamiento federal sobre el presupuesto de Puerto Rico. El modelo parte del supuesto de que el gasto de Medicaid continúa aumentando a un ritmo similar al observado en años anteriores.
El escenario de mayor impacto contempla un FMAP de 55 % y un tope anual calculado a partir del nivel del año fiscal federal 2019. Bajo esta proyección, mantener la cobertura actual requeriría unos $4,849 millones en fondos locales, equivalentes al 35.4 % del Fondo General estimado para el año fiscal 2028, frente al 11.7 % estimado para el año fiscal actual.
Un segundo escenario plantea una extensión de los niveles de financiamiento actuales, con un FMAP de 76 % y un tope anual calculado a partir del nivel del año fiscal 2027. En este caso, el impacto fiscal local sería de aproximadamente $1,396 millones, equivalente al 10.2 % del Fondo General. El tercer escenario, basado en un FMAP de 83 % y una asignación federal de $4,415 millones, reduciría el impacto estimado a un 6.6 % del Fondo General.
El análisis también señala que una reducción en el financiamiento podría poner en riesgo la cobertura médica de entre 700,000 y 1 millón de puertorriqueños, según reportes citados por la organización. Ante un escenario de menor aportación federal, el Gobierno de Puerto Rico tendría que asumir una mayor proporción del costo para mantener la cobertura actual o evaluar cambios en los servicios, con posibles repercusiones sobre otras áreas del presupuesto público.
Los autores plantean que las extensiones temporales no resuelven la brecha estructural de financiamiento y recomiendan, entre otras medidas, eliminar el tope anual y establecer para Puerto Rico un FMAP basado en la fórmula aplicable a los estados. También proponen que, si se opta por una extensión temporal, esta tenga una duración mínima de cinco años y un tope indexado al gasto real de Medicaid en la Isla.
El financiamiento vigente establece así una fecha crítica para el programa: 30 de septiembre de 2027. A partir del año fiscal 2028, el nivel de fondos dependerá de las decisiones legislativas federales que se adopten. Los escenarios analizados muestran que la magnitud de esa decisión podría tener efectos sustanciales sobre el presupuesto de Puerto Rico y la capacidad de sostener la cobertura de salud de una parte significativa de su población.
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