En 2024, EE.UU experimentó una caída histórica en las muertes por sobredosis, alcanzando su nivel más bajo en cinco años, según datos provisionales recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, los expertos advierten que recortes en el presupuesto federal podrían poner en riesgo esta alentadora tendencia.
Los datos indican que en 2024 hubo 80,391 muertes por sobredosis, lo que representa una disminución del 27 % en un solo año, equivalentes a unas 30,000 vidas salvadas en comparación con 2023. Esta reducción incluye una caída aún más significativa en las muertes relacionadas con opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, que disminuyeron un 37 % en el último año.
“Tenemos niveles muy altos de sobredosis, pero necesitamos una presión constante. En la medida en que dejemos de prestar atención o levantemos el pie del acelerador, veremos una reversión”, afirmó el Dr. Daniel Ciccarone, profesor de la Universidad de California en San Francisco, experto en tendencias de drogas ilícitas en Estados Unidos.
Aunque las causas precisas detrás de esta caída aún no están del todo claras, Ciccarone apunta a una combinación de esfuerzos persistentes, incluyendo la educación, prevención y acceso a tratamientos como motores de esta mejoría. “Siendo más optimistas, podríamos estar empezando a destinar suficiente financiación y esfuerzo a adaptar las respuestas basadas en la evidencia a la magnitud del problema”, señaló en un editorial reciente.
El progreso de la salud pública está en riesgo por recortes federales
Además de los opioides sintéticos, los datos reflejan una disminución en muertes relacionadas con otros estimulantes, como metanfetamina (21 % menos) y cocaína (28 % menos). Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte destacan también cambios en el comportamiento y percepción de los consumidores como un factor clave en esta evolución. “La insatisfacción general con el suministro ilícito de opioides actualmente es sorprendentemente alta”, dijo Nabarun Dasgupta, refiriéndose a la presencia de sustancias adulteradas y peligrosas como la xilacina, conocida como “tranq”.
Esta coyuntura es considerada por muchos como un punto de inflexión, donde “las personas están listas cuando lo están, y hay muchas personas listas ahora mismo”, afirmó Adams Sibley, otro investigador involucrado en la evaluación de estrategias de reducción de daños y tratamiento.
No obstante, la continuidad de estos avances dependen en gran medida del respaldo del Gobierno federal. Recientemente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos renovó la declaración de emergencia por la crisis de opioides, permitiendo flexibilidad para destinar recursos esenciales. Sin embargo, la propuesta de presupuesto federal para 2026 sugiere recortes significativos en agencias clave como los CDC y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA).
“El apoyo técnico y financiero que recibimos de los CDC es tan valioso como las subvenciones que nos permiten implementar estrategias efectivas sobre el terreno”, advirtió el Dr. Raynard Washington, director del Departamento de Salud del condado de Mecklenburg, Carolina del Norte. “Cualquier reducción en esos recursos afectaría directamente nuestro trabajo”.
En un contexto donde los recortes podrían desmantelar programas de reducción de daños y prevención, cientos de investigadores y profesionales enviaron una carta al Congreso alertando sobre las graves consecuencias que esto tendría para la salud pública. Proteger el acceso a medicamentos que revierten sobredosis, como la naloxona, y garantizar tratamientos accesibles continúan siendo prioridades críticas.
“El lado de la oferta no ha funcionado. La reducción de daños mantiene a las personas comprometidas, y si no mantenemos a este grupo comprometido, les irá peor”, concluyó Ciccarone.
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