EE. UU. incinerará anticonceptivos valorados en $9.7 millones destinados a países de bajos ingresos

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Anticonceptivos pagados por EE. UU. terminarán en un horno en Francia.

Una polémica decisión del gobierno de Estados Unidos ha desatado preocupación global, el Departamento de Estado ha confirmado que procederá a destruir un lote de anticonceptivos valorado en $9.7 millones, financiado con dinero de los contribuyentes y originalmente destinado a mujeres en países de bajos ingresos, especialmente en África subsahariana.

Anticonceptivos pagados por EE. UU. terminarán en un horno en Francia

Los productos, entre ellos dispositivos intrauterinos (DIU), implantes y píldoras anticonceptivas, se encuentran almacenados desde hace meses en un depósito en Bélgica, donde quedaron varados luego de que la administración Trump desmantelara la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y congelara parte de la ayuda exterior.

A pesar de que muchos de estos insumos vencen entre 2027 y 2031, el gobierno ha decidido incinerarlos en una planta especializada en residuos médicos en Francia, con un costo adicional de $167,000.

Entidades como Médicos Sin Fronteras (MSF) y MSI Reproductive Choices ofrecieron comprar y redistribuir los productos a su cargo, pero el gobierno estadounidense rechazó esas propuestas. El motivo, una interpretación de la política de Ciudad de México, una medida que restringe el financiamiento federal a organizaciones que promuevan o informen sobre el aborto fuera del país.

Sin embargo, los métodos incluidos no inducen abortos, como lo explicó la senadora Jeanne Shaheen. “Los productos en cuestión no tienen nada que ver con el aborto. Esa es, nuevamente, otra excusa que la administración está usando para justificar la incineración de más de $10 millones en suministros de planificación familiar que las mujeres necesitan en todo el mundo”.

650,000 mujeres podrían haber sido beneficiadas

De acuerdo con Chelsea Polis, investigadora principal del Instituto Guttmacher, el lote podría haber servido para prevenir embarazos no deseados en más de 650,000 personas por un año, y hasta en 950,000 personas por hasta 10 años, según el método utilizado.

“Estos son suministros esenciales que salvan vidas y que habrían respaldado la autonomía reproductiva y evitado abortos inseguros y muertes maternas. Ahora serán destruidos a expensas del contribuyente estadounidense, a pesar de las ofertas de socios globales para distribuirlos”, afirmó Polis.

La cancillería belga ha pedido formalmente a la embajada de EE. UU. en Bruselas que suspenda el plan y busca opciones para reubicar temporalmente el cargamento. Por su parte, varias legisladoras francesas firmaron una carta abierta al presidente Emmanuel Macron, oponiéndose a la incineración en suelo francés.

“Nos negamos a que Francia se convierta en el basurero de los ultraconservadores estadounidenses,” escribió Marine Tondelier, líder del partido Verde, en la red social X.

Las legisladoras piden a Macron una intervención diplomática conjunta con la Comisión Europea para impedir la quema de los insumos y apoyar su redistribución a través de ONG y ministerios de salud en países que los necesitan con urgencia.

Una pérdida sanitaria y financiera

En un año típico, la ayuda internacional en planificación familiar de EE. UU. previene alrededor de 8.1 millones de embarazos no deseados, 5.2 millones de abortos inseguros y 34,000 muertes maternas, según cifras del Senado estadounidense. La pérdida de este lote no solo representa un retroceso en salud pública, sino un uso ineficiente de recursos públicos.

“Destruir artículos médicos valiosos que ya fueron pagados por los contribuyentes no combate el desperdicio ni mejora la eficiencia”, denunció Avril Benoît, directora ejecutiva de Médicos Sin Fronteras en EE. UU. “Esta administración está dispuesta a quemar anticonceptivos y dejar que se pudran los alimentos con tal de imponer una agenda política”.

¿Hay una salida?

En el Congreso estadounidense, los senadores Shaheen y Brian Schatz han presentado el proyecto Saving Lives and Taxpayer Dollars Act, que busca prohibir la destrucción de insumos médicos financiados con fondos públicos si no se han agotado antes todas las opciones para venderlos o donarlos.

Mientras tanto, el reloj avanza, el cargamento será destruido al finalizar julio si no se logra una intervención de último momento.

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