Las enmiendas propuestas a la Ley 408, marco legal que regula el sistema de servicios de salud mental en Puerto Rico, han abierto un nuevo frente de discusión entre profesionales de la conducta, organizaciones sociales y comunidades receptoras de servicios.
Durante un espacio de diálogo público, la Dra. Malvaliz Santana, psicóloga, y Dra. Alice Pérez, psicóloga, analizaron los alcances del Proyecto de la Cámara 1007, advirtiendo que, aunque la medida incorpora avances relevantes, aún presenta ambigüedades y vacíos que ameritan mayor discusión técnica antes de su aprobación.
De acuerdo con la Dra. Pérez, la propuesta legislativa busca modernizar el sistema mediante la incorporación de prácticas estandarizadas, escenarios menos restrictivos y un abordaje más amplio del ciclo de vida.
Entre los elementos positivos mencionó la inclusión de áreas como la salud mental perinatal y la telepsicología, además de un énfasis en prevención, intervención temprana y continuidad de cuidado.
Sin embargo, advirtió que la redacción actual deja espacio a interpretaciones que podrían traducirse en malas prácticas clínicas. “Hay un lenguaje ambiguo que puede prestarse para interpretaciones que debiliten derechos fundamentales, la confidencialidad, la autonomía del paciente y hasta la relación terapéutica”, señaló Dra. Pérez.
Desde su perspectiva, el proyecto aún no está listo para aprobarse y requiere mayor ponderación multisectorial.
Prevención sin estructura operativa clara
Uno de los principales señalamientos gira en torno al abordaje preventivo. Aunque el proyecto menciona la prevención como eje, no detalla programas, metodologías ni financiamiento. La Dra. Pérez subrayó que la salud mental no puede analizarse fuera de los determinantes sociales.
Explicó que factores como pobreza, violencia de género, maltrato infantil, falta de vivienda o desnutrición, inciden directamente en la salud psíquica, por lo que cualquier política pública debe integrarlos de forma operativa y medible.
En esa línea, insistió en que la prevención no puede limitarse a la atención de crisis. “No podemos seguir apagando fuegos. La salud mental es mucho más amplia y tiene que trabajarse desde proyectos definidos, medibles y basados en evidencia”.
Hospitalización involuntaria, el punto más crítico
Para la Dra. Malvaliz Santana, uno de los cambios más sensitivos del proyecto impacta los protocolos de hospitalización involuntaria.
La psicóloga explicó que la medida intenta agilizar procesos que hoy resultan burocráticos, como largas esperas en cuarteles o patrullas, pero advirtió que la solución propuesta genera nuevas preocupaciones.
El proyecto permitiría que la Policía intervenga de forma más directa en los traslados para evaluación psiquiátrica, función que actualmente recae en la determinación judicial. “Aunque busca resolver una necesidad real, la forma en que se propone puede traer riesgos, sobre todo porque no detalla adiestramientos especializados en manejo de crisis de salud mental”, indicó la Dra. Santana.
Autonomía, derechos y riesgo de criminalización
La Dra. Alice Pérez profundizó en las implicaciones legales de este cambio, señalando que una crisis de salud mental no implica incapacidad jurídica automática. “Una persona puede estar en crisis y aún así conservar su capacidad de decisión. La determinación de ingreso involuntario le corresponde a un juez, no al personal clínico ni a la policía”, explicó.
Ambas especialistas coincidieron en que la intervención policial podría escalar episodios en lugar de desescalarlos, además de reforzar el estigma. La psicóloga Pérez enfatizó que las personas en crisis requieren atención sanitaria, no respuestas asociadas al control delictivo.
Asimismo, las psicólogas también señalaron la ausencia de pacientes, familiares y comunidades en las mesas de trabajo legislativas.
Desde el Frente Amplio de Acción Social se realizaron visitas públicas comunitarias para recoger testimonios, donde según relataron, hubo rechazo casi unánime a la intervención policial como primera respuesta.
La Dra. Santana añadió que, en residenciales públicos, la presencia de fuerzas de seguridad puede intensificar la crisis. “Muchas personas viven en contextos de vulnerabilidad donde la presencia policial añade miedo, estigma e incluso riesgo de desplazamiento”.
