Los partos por cesárea en Puerto Rico alcanzaron en 2023 un 50.6 % del total de nacimientos, cifra que sobrepasa de manera significativa el rango de 10 % a 15 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como nivel aceptable para garantizar nacimientos seguros.
El Informe Anual de Estadísticas Vitales 2021-2023, divulgado por el Departamento de Salud, mostró un incremento sostenido en estos procedimientos: en 2021 representaron el 49.6 % de los nacimientos, y en 2022 y 2023 se mantuvieron en el 50.4 % y 50.6 %, respectivamente. En total, se practicaron 28,676 cesáreas en ese período, lo que equivale a un promedio de 9,559 al año.
Una práctica frecuente, pero no siempre justificada
El propio Departamento de Salud ha reconocido que más de la mitad de estas cirugías no tienen justificación médica, y que un 80 % de las mujeres sometidas a cesárea no presentaron factores de riesgo durante su embarazo.
La senadora Ada Álvarez Conde (PPD) recordó estas cifras al defender el Proyecto del Senado 445, medida presentada junto a los senadores del PIP María de Lourdes Santiago y Adrián González. La propuesta busca reconocer la violencia obstétrica como violación de derechos humanos e incluye sanciones para los médicos que practiquen cesáreas innecesarias o sin consentimiento informado.
“El propio Departamento de Salud de Puerto Rico ha dicho que el 55 % de las cesáreas realizadas no presentan justificación médica y un 80 % de las mujeres sometidas a esta intervención no presentaron factores de riesgo durante su embarazo”, subrayó Álvarez Conde.
Por su parte, Santiago denunció que “si algo ha quedado demostrado con el alza en el número de cesáreas es la incapacidad de la profesión médica de regularse a sí misma. Por eso las cesáreas innecesarias son una de las manifestaciones de violencia obstétrica a la que está dirigida esta medida”.
Factores estructurales y médicos
El ginecólogo obstetra, Nabal Bracero, reconoció que la reducción de cesáreas es un desafío complejo, vinculado a carencias en el sistema hospitalario y de formación médica.
“Entendemos que tiene que haber una redistribución geográfica de los partos a menos salas de parto, pero mejor preparadas, con mejor personal y más colaboración con los centros académicos”, señaló Bracero.
El especialista destacó que para ofrecer partos vaginales tras una cesárea previa se necesitan recursos que la mayoría de los hospitales de la isla no pueden garantizar: banco de sangre, anestesiólogos en servicio permanente y unidades de cuidado intensivo neonatal (NICU). También recomendó entrenamiento médico continuo para reducir inducciones innecesarias y mejorar la interpretación de trazados de monitoreo fetal.
Violencia obstétrica bajo la lupa legislativa
El PS 445, actualmente en la Comisión de lo Jurídico, define como violencia obstétrica la práctica de cesáreas sin justificación médica ni autorización expresa, así como alterar innecesariamente un parto de bajo riesgo. La medida busca establecer sanciones por parte del Departamento de Salud, ya que hoy no existen penalidades específicas.
Un reto de salud pública
La OMS ha recomendado desde 1985 que las cesáreas sólo se realicen cuando sean médicamente necesarias y sugiere el uso del sistema de clasificación Robson para evaluar de manera objetiva la necesidad del procedimiento.
En Puerto Rico, los datos reflejan que la práctica ha superado ampliamente los estándares internacionales, con implicaciones tanto en la salud materno-infantil como en el debate sobre los derechos de las mujeres y la calidad del sistema de salud.
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