En un hecho sin precedentes, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), con el respaldo del Departamento de Salud, dio inicio a un ambicioso proyecto de salud pública: la realización de pruebas universales de hepatitis C y VIH a la población correccional de Puerto Rico. Más de 7,000 personas, entre hombres, mujeres y jóvenes bajo custodia, serán evaluadas como parte de esta estrategia pionera dirigida a erradicar estas enfermedades dentro de las instituciones penales.
“Hoy damos inicio a un proyecto sin precedentes para el sistema correccional de Puerto Rico. Por primera vez, se estarán realizando pruebas de hepatitis C y VIH a toda la población bajo nuestra custodia —más de 7,000 personas entre hombres, mujeres y jóvenes”, anunció el secretario del DCR, Lcdo. Francisco Antonio Quiñones Rivera, en conferencia de prensa junto al secretario de Salud, Dr. Víctor M. Ramos Otero.
La medida se enmarca en el compromiso del gobierno para garantizar los derechos humanos y el acceso a la salud de las personas privadas de libertad, un sector históricamente marginado en términos de atención médica.
«El acceso a la salud es un derecho fundamental de cada ciudadano y nuestra responsabilidad es asegurar que cada persona privada de la libertad reciba los servicios necesarios. Este esfuerzo sin duda brinda la oportunidad de tratamiento para toda persona que lo necesite, lo que redundará en calidad de vida para ellos.
“La erradicación de la Hepatitis C de las instituciones correccionales ha sido un compromiso puntual de la Gobernadora Jenniffer González Colón y estamos trabajando a paso firme para lograrlo», destacó Quiñones Rivera.
El impacto del programa no se limita al interior de los penales. El secretario de Salud, Dr. Víctor M. Ramos Otero, enfatizó que la intervención también protege a las comunidades una vez las personas egresan del sistema.
“Las enfermedades no reconocen muros. Lo que hoy hacemos en las cárceles también protege a todo Puerto Rico”, afirmó Ramos Otero.
El funcionario reconoció, además, que lograr la implementación de esta iniciativa requirió un intenso proceso de convencimiento ante la Junta de Supervisión Fiscal, destacando que no solo representa una decisión ética y sanitaria, sino también económicamente inteligente.
“Es un hecho que tratar a tiempo a un paciente con hepatitis C cuesta una fracción de lo que costaría un trasplante de hígado, que puede superar los $400,000… Hoy contamos con antivirales que curan en menos de ocho semanas.
“También esta iniciativa nos brinda la oportunidad de tener la certeza de estas enfermedades – epidemiológicamente hablando – vamos a hacer pruebas en las instituciones de juvenil, mujeres y hombres, que son más de 7 mil personas… Pero más allá de los números, esto va para seres humanos. Estamos salvando vidas. De personas que también sienten, sufren y merecen una oportunidad de sanar”.
Desde principios de 2025, el DCR ha estado trabajando en la planificación y ejecución de esta estrategia de salud. Entre los pasos más significativos destacan la creación de un Comité de Respuesta Rápida, la firma de un acuerdo colaborativo (MOU) con el Departamento de Salud y la inclusión del personal clínico de Salud Correccional en el diseño operativo del proceso.
«Nuestro compromiso siempre ha sido velar por la salud y seguridad de las personas bajo custodia. Atender este problema de salud pública es también reafirmar la dignidad de cada una de las personas privadas de su libertad. El tratamiento debe ser accesible para todos, por lo que agradecemos al Departamento de Salud por su colaboración en este proceso que marcará un antes y un después en la vida de cientos de personas», expresó nuevamente el titular del DCR.
Las pruebas ya han comenzado y se extenderán progresivamente a todas las instituciones del sistema. Aquellas personas que resulten positivas recibirán tratamiento médico inmediato y seguimiento conforme a las guías clínicas establecidas.
Este esfuerzo permitirá contar, por primera vez, con datos precisos sobre la prevalencia de hepatitis C y VIH dentro del sistema correccional. Esta información será clave para la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia, orientadas a la prevención, el tratamiento y la dignidad humana.
