En una decisión que podría tener consecuencias de largo alcance para los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos, la Corte Suprema falló este miércoles 6-3 a favor de mantener la prohibición del estado de Tennessee sobre la atención médica que afirma el género para menores de edad.
El tribunal determinó que esta legislación no constituye discriminación por razón de sexo, lo que marca un retroceso significativo para los jóvenes trans y sus familias que luchan por acceder a tratamientos médicos esenciales.
La ley, conocida como SB1, prohíbe el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas y cirugías de afirmación de género en menores. Desde su promulgación en 2023, tres familias y un proveedor médico presentaron una demanda alegando que la normativa viola la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda.
Aunque un tribunal federal de distrito en Tennessee emitió una orden preliminar para frenar parte de la ley, el caso escaló al Sexto Circuito, que consideró que la legislación no era discriminatoria. La Corte Suprema respaldó esa interpretación.
El dictamen, redactado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, establece que “si bien las prohibiciones de la SB1 hacen referencia al sexo, la Corte nunca ha sugerido que la mera referencia al sexo sea suficiente para generar un escrutinio más riguroso”. Este argumento fue clave para que el tribunal rechazara la idea de que la ley incurre en discriminación sexual, un punto central del debate jurídico.
Actualmente, 27 estados han adoptado leyes que restringen el acceso de menores a tratamientos médicos de afirmación de género. La decisión del máximo tribunal podría consolidar ese patrón legal y generar nuevos desafíos judiciales para los defensores de los derechos trans.
El caso también refleja un cambio político significativo. Inicialmente, el Departamento de Justicia —bajo la administración anterior— apoyó la impugnación de la ley. Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, la posición oficial cambió, alineándose con Tennessee. Poco después de asumir el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva para cortar fondos federales a hospitales que brinden atención de afirmación de género a menores de 19 años.
Aunque un tribunal federal otorgó una orden preliminar contra esta medida en marzo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron su intención de ajustar sus políticas a la nueva directiva. Además, el proyecto de ley de presupuesto que actualmente se discute en el Senado incluye una cláusula para bloquear el financiamiento de Medicaid para tratamientos de afirmación de género, incluso en adultos.
Para la profesora Nicole Huberfeld, experta en derecho constitucional y salud pública en la Universidad de Boston, la decisión judicial y los recortes presupuestarios son dos frentes distintos, pero igualmente preocupantes. “La negativa a pagar es un problema distinto de la discriminación flagrante”, señaló.
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