En una reciente entrevista, Liliam Rodríguez, principal oficial y fundadora de VOCES, destacó el significativo impacto de la Ley 67 de 2023 en la atención de los pacientes con hepatitis virales, especialmente hepatitis C, en Puerto Rico. Esta ley, aprobada en 2023, establece medidas para mejorar la prevención, detección y tratamiento de la hepatitis en la isla.
Rodríguez destacó que Puerto Rico ha adoptado el plan de eliminación de hepatitis C propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “La Ley 67 refuerza este compromiso al exigir que toda persona que presente un certificado de salud, ya sea para empleo o para pertenecer a una entidad, incluya pruebas de hepatitis A, B y C”, dijo.
“Esta medida busca asegurar que, al menos una vez en la vida, cada individuo se someta a una prueba de hepatitis C, ayudando así a detectar y tratar casos tempranamente. La Ley 67 impone nuevas responsabilidades a los proveedores de salud en Puerto Rico. Estos deben educar a sus pacientes sobre la hepatitis, recomendar pruebas periódicas y, en caso de un diagnóstico positivo, ofrecer alternativas de tratamiento. Es crucial que los proveedores orienten a los pacientes sobre la diferencia entre infecciones monoinfectadas y coinfectadas, y los dirijan a los especialistas adecuados según sea necesario”, explicó.
La ley también aborda la cobertura de pruebas y tratamientos por parte de los planes de salud. En el caso del Plan Vital, que cubre a 1.6 millones de personas en Puerto Rico, se garantiza la cobertura total de las pruebas de hepatitis A, B y C, así como los tratamientos necesarios. Los pacientes en el sector privado también deben recibir esta cobertura, asegurando así un acceso equitativo a los tratamientos.
Rodríguez subrayó la importancia de la educación en la prevención de la hepatitis C, ya que esta enfermedad no puede prevenirse con una vacuna. VOCES ha trabajado para aumentar la cantidad de pruebas disponibles y promover la educación sobre los métodos de contagio. Además, la ley facilita la inclusión de las pruebas de hepatitis en los certificados de salud, lo que incrementa la detección temprana.
Esta misma organización ha colaborado estrechamente con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSCA) para atender a poblaciones vulnerables, como usuarios de drogas inyectables y personas encarceladas. En los últimos tres años, se han detectado aproximadamente 1,600 casos de hepatitis C positivo en esta población. “La educación y conexión a tratamientos oportunos son pilares fundamentales de este programa, que busca eliminar barreras de acceso a la salud”, dijo.
El objetivo final de estas iniciativas es lograr la eliminación de la hepatitis C en Puerto Rico para el año 2030, en línea con las metas de la OMS. La estrategia se basa en la prevención mediante la educación, la detección temprana a través de pruebas regulares y el tratamiento oportuno y accesible.
“La integración de médicos primarios en el proceso de tratamiento y la atención a los determinantes sociales son aspectos clave para alcanzar esta meta”, añadió Rodríguez, quien precisó que la Ley 67 de 2023 representa un paso significativo hacia la eliminación de la hepatitis C en Puerto Rico, fortaleciendo las políticas de salud pública y garantizando que más personas tengan acceso a las pruebas y tratamientos necesarios.
