Una funcionaria clave de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que supervisaba las recomendaciones sobre las vacunas contra la COVID-19 ha presentado su renuncia, en medio de una semana marcada por mensajes contradictorios por parte de las autoridades federales de salud.
La doctora Lakshmi Panagiotakopoulos, quien co-dirigía el panel asesor independiente de vacunas de los CDC, presentó su dimisión el pasado viernes, según una carta obtenida por ABC News. Su salida se produce tras un vaivén de mensajes sobre quiénes deben recibir la vacuna anual contra la COVID-19.
«Mi carrera en salud pública y vacunología comenzó con un profundo deseo de ayudar a los miembros más vulnerables de nuestra población, y eso no es algo que pueda seguir haciendo en este puesto», escribió Panagiotakopoulos en su carta de renuncia. La primera en informar sobre su renuncia fue Reuters.
En abril, el panel asesor de vacunas había debatido la posibilidad de limitar las recomendaciones para la vacuna anual a personas de alto riesgo, como adultos mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades subyacentes. Sin embargo, en días recientes, las señales desde el gobierno federal han sido inconsistentes.
La semana pasada, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., anunció que las vacunas contra la COVID-19 serían eliminadas del calendario de vacunación recomendado para niños sanos y mujeres embarazadas sin condiciones médicas preexistentes.
Tan solo unas horas más tarde, los CDC actualizaron el calendario, indicando que todos los niños serían elegibles para recibir la vacuna bajo un modelo de «toma de decisiones clínicas compartidas», es decir, en consulta con un médico.
Este cambio repentino generó inquietud en la comunidad médica. La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) fue una de las primeras en reaccionar:
«Las familias estadounidenses merecen algo mejor», expresó la AAP en un comunicado. «Merecen mensajes claros de todos los involucrados en su salud, basados en hechos, para que puedan seguir beneficiándose del éxito de las vacunas».
La AAP también criticó el modelo de decisiones compartidas por ser “vago” y difícil de aplicar:
“Si bien el modelo de toma de decisiones clínicas compartidas en el calendario de vacunación actualizado preserva la libertad de elección de las familias, este modelo ha demostrado ser constantemente difícil de implementar debido a la falta de una guía clara para las conversaciones entre el médico y la familia. Los médicos y las familias necesitan una guía directa y basada en la evidencia, no marcos vagos y poco prácticos”.
Uno de los sectores más afectados por la incertidumbre han sido las mujeres embarazadas, quienes quedaron fuera de una recomendación clara en el nuevo calendario. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) también se manifestó con firmeza:
«La ciencia no ha cambiado», subrayó el ACOG. «Es evidente que la infección por COVID-19 durante el embarazo puede ser catastrófica y provocar una discapacidad grave, además de tener consecuencias devastadoras para las familias. La vacuna contra la COVID-19 es segura durante el embarazo y puede proteger a nuestras pacientes y a sus bebés después del nacimiento».
Otro punto crítico es que estos cambios se realizaron sin consultar previamente al panel asesor independiente de los CDC, cuya reunión está programada para finales de junio. En esa sesión, los expertos tenían previsto debatir y votar sobre quiénes deberían ser elegibles para la vacuna.
La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA) también alzó la voz:
«Las directrices gubernamentales sobre las vacunas son una base importante que permite la cobertura de los seguros y, por lo tanto, el acceso a las vacunas, por lo que cambiar las recomendaciones gubernamentales sobre qué poblaciones específicas y limitadas deben recibir las vacunas contra la COVID-19 tiene consecuencias de gran alcance».
La comunidad médica ha expresado preocupación sobre la manera en que se están tomando decisiones sin participación de expertos, lo que rompe con el proceso habitual de evaluación abierta, revisión científica y consulta pública que ha guiado tradicionalmente las políticas de vacunación en EE. UU.
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